Ha salido recientemente la
noticia de que el consejero delegado del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer, ha
manifestado su oposición total a las previsiones del Gobierno en la oportunidad
de explotación que el Gobierno ha autorizado en las Comunidades Autónomas de
Canarias y Baleares a través de varios proyectos.
Estos proyectos de explotación
petrolífera amenazan de forma directa los ecosistemas de estas dos comunidades,
y con ello, amenazan los intereses turísticos que pueden verse afectados al
producirse un empeoramiento de la belleza de dichos destinos o inclusive una
posible catástrofe natural relacionada con el petróleo, cuestión que podemos
recordar de otros desastres como el del Prestige en las costas gallegas.
Es por todo esto que la alta
esfera de Meliá se oponga a dicha autorización del Gobierno y se haya reunido
con los presidentes de las Comunidades Autónomas para plantearles el problema y
recaudar apoyos, el presidente de Canarias Paulino Rivero está involucrado
fuertemente con el desarrollo del turismo en la comunidad y se le ha presentado
por parte de Meliá un proyecto de remodelación y ampliación de la cadena
hotelera Meliá en Canarias.
También se ha preguntado al Grupo
Meliá por la suspensión de la Ley Canaria de Modernización Turística y como
dicha suspensión podía afectar a los proyectos que la compañía quiere
desarrollar, a lo que la empresa declaró que siempre trabajan respetando la ley
y contando con el apoyo del gobierno local.
Existe claramente un componente
defensor de los ecosistemas y la preservación de la naturaleza, ya que la
imagen de cualquier lugar turístico debe ser agradable para la persona que lo
vaya a visitar, pero de no estar tan relacionados estos conceptos que chocan
directamente con los intereses de la empresa, ¿sería esta responsabilidad de
cuidado del medioambiente igualmente compartida y apoyada por las empresas
turísticas?
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